En el día de hoy, casi todos los diarios informa que la Justicia Federal ha procesado a cuatros compañeros.
Por ejemplo en el oficialista Página 12 (el diario que mayor extensión le dedicó a los procesamientos) se puede leer: “El juez federal de Quilmes, Luis Armella, avanzó en la investigación por el corte de vías en la estación Avellaneda y decidió procesar a tres integrantes del Partido Obrero (PO) y a un trabajador ferroviario despedido por extorsión e interrupción de transporte público terrestre. Omar Merino, Darío Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales”
Por su parte, el también oficialista Tiempo Argentino solo da cuenta de los procesamientos en una nota titulada Murió uno de los heridos en los incidentes de Plaza Constitución obviando especificar que el juez Armella pertenece al fuero federal: “En tanto, en una causa paralela el juez Luis Armella dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de cuatro militantes del PO por el corte de vías que derivó en los violentos incidentes en medio de los cuales Pizarro Araya resultó herido de gravedad.”
Sin embargo, no es este “olvido” lo más llamativo. En medio del giro a la derecha del gobierno nacional, con su escalada represiva que ha dejado el saldo de varios compañeros asesinados en los últimos dos meses, cuando aun se encuentra detenido el compañero Roberto Martino y, como ya dijimos, el mismo día que se confirmaron los procesamientos de los compañeros del PO; Tiempo Argentino publica una entrevista al radical Gil Lavedra con una volanta que, falseando el contenido de la entrevista, adjudica únicamente las políticas represivas a Macri y Duhalde, intentando de este modo, lavarle la cara al “gobierno con más presos por luchar.”
Una muestra más de la total falta de vergüenza del “periodismo militante” kirchnerista.
Reproducimos el extracto que “justificó” la mentirosa volanta:
–Hay una cuestión básica: el reclamo social evidencia que el Estado o la democracia no pudieron garantizar la vigencia de ciertos derechos. Sobre todo cuando se trata de reclamos vinculados con prestaciones básicas: el trabajo o la vivienda. Por eso, cuando alguien protesta, esto hay que evaluarlo con cuidado. La respuesta no puede ser formalmente la ley penal. En ese sentido tiene que haber una respuesta que a la vez pueda garantizar el orden, la seguridad de todos los derechos, pero también tener en cuenta que estamos tratando con grupos desaventajados que tienen precariedad en el goce de derechos. Con lo cual sería una visión muy desigualitaria pretender aplicarles a rajatabla la ley como a cualquiera. Porque ellos no están en igualdad de condiciones.
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